Por Alba Salinas (*)
En febrero del corriente el Equipo del Protocolo de Actuación ante casos de violencia y discriminación por motivos de género en la UNMDP, regido por la OCS 1555/20, presentó su informe de gestión del período 2021. En éste se puede visualizar los tres ejes de trabajo abordados: “Gestión institucional y Difusión del Protocolo”; “Intervención y tratamiento de casos” y “Capacitación y Prevención”.
Teniendo en cuenta el objetivo principal del Protocolo que es el tratamiento de los casos se efectuaron estadísticas que permiten realizar un análisis sobre la diversidad de situaciones que ocurren en el ámbito universitario, lo que a su vez configura una herramienta para el correcto abordaje de las mismas y para trabajar en la prevención de tales conductas.
Los datos relevados que se expondrán a continuación hacen referencia a las personas denunciantes y denunciadas en función de sus géneros, franjas etarias y posición institucional; así como también se reflejan los tipos y las modalidades de las violencias denunciadas.
Personas involucradas
Las personas consultantes, fueron 120 en el período marzo 2021-febrero 2022, en su gran mayoría (92%) fueron mujeres, de entre 20 y 29 años (58%) y estudiantes (93%). Asimismo, se contabiliza un alto índice de denunciantes menores de edad (10%) lo cual se consideró en mencionado informe de gestión como “un alerta para intervenir en esa etapa adolescente en lo inmediato, con dispositivos específicos de prevención y cuidados, por tratarse de un período de constitución psíquica y por ende de vulnerabilidad emocional en sí mismo”.
En cuanto a las personas denunciadas, las mismas fueron 50 por lo que hubo un 38% de ellas que fueron denunciadas por más de una persona, lo que arroja que los casos abordados fueron 43. Respecto de la franja etaria se verifica la dificultad de que en 14 casos la misma se desconoce por no haberla aportado la persona afectada, entonces, en base al resto de los datos se da cuenta que el 31% tenían entre 50 y 59 años, seguidos de la franja 40-49 (22%), así como nuevamente se refleja el dato alarmante de los menores de edad que resultaron ser el 17% de los denunciados. Aquí, al igual que en las denunciantes, el mayor número de los denunciados se encuentran en el sector estudiantil (32%) aunque este índice se ve casi en sintonía con la cantidad de docentes denunciados (28%).
Tipos y modalidades de violencia
En relación a este item, se valoraron los tipos de violencias denunciadas conforme los parámetros de la Ley 24.685 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -marco regulatorio del Protocolo-, la cual los define en su art. 5: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. A su vez se ha incluído en el análisis a la violencia digital, la cual se encuentra en proceso de inclusión a la mencionada ley, considerando principalmente, la modalidad en la que se ha llevado adelante el año curricular 2021 que fue a través de la virtualidad.
En este punto se ve que se ha hecho referencia no solo a un tipo de violencia en una misma situación. Se observa que la violencia psicológica es la que más se ha denunciado (24 casos). Al respecto se ha valorado “que este tipo de violencia está en la base de los otros tipos mencionados, es la que generalmente se encuentra invisibilizada o intangible para cualquier persona externa e incluso para quien la sufre, debido en gran medida a que se ejerce sutilmente, se encuentra naturalizada por las propias afectadas así como también para el resto de la sociedad inmersa en un sistema patriarcal de dominación y violencia hacia las mujeres y el colectivo de la diversidad”.
En cuanto a la combinación de violencias se ha dado que en 11 casos de los denunciados por agresiones físicas también se expusieron situaciones de violencia psicológica y que 6 de los 9 casos de violencia sexual también han sido combinados con la psicológica.
Asimismo, en este apartado se encuentra que los 11 casos de violencia digital, se han combinado con violencia simbólica, lo cual “resulta preocupante conforme el alcance que se da de esta forma a la reproducción de patrones estereotipados de género – desigualdad y discriminación”.
Los datos relevados “dan cuenta del enquistamiento de violencias estructurales “normalizadas”, generando graves afectaciones a nivel emocional, físico y relacional no sólo en quienes las padecen directamente, sino también en el entorno institucional.”
Respecto de las modalidades de la violencia (conforme el art. 6 de la ley 26.475) tres de estas no se visualizaron en los casos presentados (Contra la libertad reproductiva -inc. d-, Obstétrica -inc. e-, y mediática -inc. f- ), es decir, que se dieron casos de violencia doméstica, laboral, institucional y público-política; a su vez se ha incluído en el análisis a la “violencia telemática” que al igual que el tipo de violencia “digital” se encuentra en trámite parlamentario, y otra categoría denominada “ámbito educativo” utilizado en forma residual para aquellos casos que no encuadran dentro de las mencionadas anteriormente y se han dado entre integrantes de la comunidad.
Aquí tenemos un 39% de casos ocurridos en el ámbito doméstico. Esa particularidad puede deberse a que el art. 2 de la OCS 1555/20 agregó (a la ordenanza anterior nº 2380-17) “Las relaciones interpersonales entre integrantes de la comunidad que afecten la vida universitaria”, por lo que se han recibido muchas consultas de situaciones encuadradas en dicha modalidad entre los integrantes de la Comunidad Universitaria, por fuera de aquél espacio.
Seguidamente se verifica un alto porcentaje de violencia en el ámbito educativo (24%) y telemática (22%), que -como se dijo antes- teniendo en cuenta la modalidad de trabajo y estudio en el año 2021, serían ambas consideradas como ocurridas en el espacio universitario. Así, podemos decir que unificándolas nos encontraríamos con un 46%.
Este dato reafirma lo que se viene manifestando desde el Protocolo sobre la “necesaria capacitación, sensibilización, como asimismo transversalizar la perspectiva de género al conjunto de la comunidad universitaria.”
Consideraciones finales
El registro de la cantidad de casos atendidos, reflejaría sólo una parte de la cantidad de casos reales que ocurren entre integrantes de la comunidad universitaria, existiendo situaciones donde las personas han preferido consultar a otrxs referentes institucionales de confianza dentro de la UNMDP. Asimismo y “considerando también nuestro conocimiento académico en la materia y la experiencia profesional adquirida en los años de trabajo con personas que han sido afectadas por una situación de esta naturaleza, es posible que haya personas en situación de violencia y/o discriminación en el ámbito de la Universidad que por diferentes motivos no hayan concurrido al dispositivo del Protocolo ni a ninguna otra de las instancias mencionadas”.
Ello puede deberse a la llamada “ruta crítica” que es el concepto que indica el trayecto que recorren las personas afectadas una vez que toman la decisión de dar a conocer la situación de violencia en la que se encuentran inmersas, el cuál tiene su correlato con las violencias institucionales y sociales con las que se enfrentan que van desde dificultades de acceso a los canales de denuncia hasta descreimiento de su entorno, represalias por alzar su voz, etc. Asimismo, hay personas que quizás -en función de sus estudios, generación y/o militancias- han desnaturalizado situaciones de violencia, son más propensas a confiar en exponerlas y solicitar la intervención del Protocolo.
Por este motivo “es necesario seguir capacitando y sensibilizando a lxs integrantes de la comunidad educativa en perspectiva de género a fin de cumplir con los compromisos asumidos por nuestra Universidad en pos de erradicar las violencias y/o discriminaciones por motivos de género”
(*) Alba Salinas. Coord. General. PVGUNMDP